miércoles, 7 de octubre de 2009

Jornada mundial de acción por el trabajo decente

Hoy se celebra en todo el mundo la Jornada mundial de acción por el trabajo decente. Algunos a lo mejor piensan que esto del trabajo decente viene a cuento de la polémica a la que hemos asistido recientemente sobre el tema de la prostitución, que mira que se ha hablado veces del tema, pero es como el Guadiana, que aparece y desaparece sin que se termine de tomar una solución.

Pero bueno, que no, que esto del trabajo decente es otra cosa. Básicamente se trata de un trabajo "en condiciones". Que no sólo el tema está en ganar lo indispensable metiendo horas sin parar. Que trabajar es algo más. Son condiciones laborales razonables, para ajustar la vida profesional y la vida personal (porque señores, si no, de otra forma no gastamos, que de eso se trata, ¿no?), para conseguir un entorno laboral óptimo, en condiciones de seguridad, de salario ajustado al perfil desempeñado. Un trabajo decente es, también, un trabajo que no se mida por la condición del empleado, o por su raza, o por su sexo. Todo eso es un trabajo decente.

En los tiempos de crisis que corren por nuestros caminos (y no por muchas chinitas que pongan se va a resolver. Que hay que asfaltar otra vez el camino para que vuelvan a pasar las carretas. Y para eso hace falta un plan), eso, en los tiempos de crisis, hablar de trabajo decente se hace un poco duro. Sobre todo cuando asistimos a las bofetadas de injusticia de pensiones vitalicias escandalosas, sueldos injustificables para deportistas que no lo valen (o aunque lo valieran, me siguen pareciendo injustificables), y tantas y tantas injusticias más.

Hablando de injusticias, CEAR se hace eco hoy de esta jornada, con un manifiesto que centra su denuncia en la situación del colectivo inmigrante cuando se habla de trabajo decente. Porque sí, aquí nadie es racista, pero la discriminación laboral por motivos de raza sigue presente, día a día.

Me permito la licencia de reproducir este manifiesto, con la esperanza de que haga recapacitar a quienes lo lean...


El precio de la crisis económica que atraviesa España lo están pagando sobre todo los trabajadores, sean autóctonos o extranjeros, como denuncian hoy los sindicatos. Y por eso deben ser respetados y protegidos los derechos laborales y sociales de todos los trabajadores, sea cual sea su procedencia, como es propio de un Estado de derecho. 

Pero la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) constata diariamente que los trabajadores refugiados e inmigrantes están sufriendo especialmente el recorte de derechos. La crisis económica está siendo la coartada para el endurecimiento de la ley de extranjería, para el aumento de abusos laborales, y para la disminución de fondos para la integración sociolaboral de los trabajadores extranjeros y sus familias.

Así, a la falta de ofertas de empleo en los sectores más ocupados por refugiados e inmigrantes (construcción, hostelería y otras áreas del sector servicios), se suman los aumentos de despidos de trabajadores extranjeros, que se han incorporado más tarde al mercado laboral y tienen un mayor índice de temporalidad, en empleos con poca cualificación y sin que se tenga en cuenta el bagaje formativo y laboral previo. Los trabajadores refugiados e inmigrantes encuentran cada vez más difícil obtener contratos con suficiente duración como para poder renovar las autorizaciones de residencia y trabajo, así como para optar a la regularización por arraigo, lo que ha hecho aumentar el número de personas que se quedan en situación irregular. Por otro lado, aumentan las dificultades para acceder a recursos formativos, fundamentales para una inserción sociolaboral duradera y digna, y se endurece, en el proyecto de la nueva ley de extranjería, su derecho a la reagrupación familiar.

Pero estas situaciones no son consecuencia natural de la crisis, sino que tienen que ver con decisiones políticas que han apostado por restringir derechos y por hacer la vista gorda ante abusos laborales. Decisiones que parecen guiarse bajo la premisa de “los de aquí primero, los de fuera después”, que va calando en los discursos públicos y nos aleja no ya del trabajo decente, sino de la sociedad decente.

Por eso CEAR pide que las únicas respuestas no sean incentivar el retorno a los países de origen de los trabajadores extranjeros, medida irreal en tiempos de crisis global.  Ni recortar derechos (o presupuesto para la integración) a determinados ciudadanos según la coyuntura económica, porque eso no es más que discriminación.

CEAR cree que es necesario un cambio en las políticas migratorias, que comience por la ratificación de la Convención de la ONU sobre los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias que el gobierno español ha decidido no firmar.  Asimismo, es necesario que en estos tiempos de crisis se flexibilicen los criterios exigidos de cotización a la Seguridad Social para la renovación de las autorizaciones de trabajo y residencia: que se suprima la exigencia de contar con una oferta de trabajo por un año y a jornada completa para el arraigo social, por desproporcionada y por no responder a nuestro mercado de trabajo, caracterizado por la eventualidad. Que la situación administrativa no sea determinante para percibir la prestación por desempleo, de acceder a la formación ocupacional y de inscribirse en los servicios públicos de empleo. O que las administraciones públicas establezcan medidas concretas para prevenir la discriminación de las personas refugiadas, solicitantes de asilo e inmigrantes en el ámbito laboral.

En definitiva, CEAR cree que tomar en serio los derechos exige reforzar sus garantías sobre todo en el caso de los sujetos más vulnerables y aún más cuando se ven particularmente amenazados. Los derechos de los trabajadores inmigrantes y refugiados no son mercancías que entran de rebajas en tiempos de vacas flacas. No es cuestión de caridad o generosidad que se permite el nuevo rico y que desaparece cuando se viene a menos. Son una exigencia de igualdad, de justicia, de respeto a la ley, al Derecho.

No hay comentarios: